Foto: (El Colombiano, 2020)
Introducción
Álvaro Uribe Vélez es uno de los políticos más importantes y, simultáneamente, uno de los más polémicos de la historia de Colombia. Su abierta negación del conflicto armado fundamenta, hasta hoy, su ideal de un Estado fuerte cuya capacidad militar garantice seguridad ante una permanente amenaza terrorista, muy en la línea de la política estadounidense posterior al 9-11. Bajo los adjetivos narcoterrorismo, castrochavismo, y más recientemente,“el embrujo neocomunista” (Uribe Vélez, 2020), califica a sus opositores políticos a partir de la demarcación con el otro que es enemigo por no compartir sus posturas y, por tanto, es nocivo para su sociedad colombiana idílica.
En aquella lógica de juego a
dos bandos, a Uribe Vélez se le ha vinculado desde los años ochenta,
presuntamente, con la génesis de estructuras paramilitares junto a su hermano
Santiago Uribe, que actualmente enfrenta un juicio por ese particular (Semana,
2020); además de su presunta responsabilidad en masacres[1],
ejecuciones extrajudiciales[2],
interceptaciones ilegales, corrupción, entre otros. Pese a acumular más de
doscientas investigaciones en los órganos judiciales colombianos, éstas nunca dieron
indicios de avances significativos hasta el 4 de agosto de 2020, cuando la
Corte Suprema de Justicia emitió una orden de arresto domiciliario preventivo para
el ex presidente y actual senador de la República por un proceso judicial que,
paradójicamente, Uribe mismo inició.
La línea del tiempo
El caso judicial en el que se encuentra inmerso Uribe Vélez ha sido un proceso de largo aliento que se originó cuando el senador Iván Cepeda[3]expuso una serie de pruebas y testimonios contra él en un debate sobre paramilitarismo en 2014. Sobre lo presentado, Uribe Vélez formuló una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos por parte de Cepeda, la cual fue archivada y significó la apertura de una investigación por la misma materia cuatro años después, esta vez en contra del expresidente, junto al senador Álvaro Hernán Prada, ambos del partido Centro Democrático. Al parecer, no había sido Cepeda sino Uribe, Prada y el abogado del primero, Diego Cadena, quienes sobornaron testigos del caso con el fin deacusar a Cepeda de este delito (BBC News, 2020).
En medio de acusaciones públicas
de interceptaciones ilegales por parte de la Corte Suprema de Justicia a Uribe,
insistentes solicitudes de anulación de la investigación y repetidos cambios de
magistrados encargados del caso, finalmente los implicados fueron vinculados de
manera formal a la investigación por los delitos de soborno y fraude procesal el
8 de octubre de 2019. El proceso judicial no había tenido mayor movimiento mediático
hasta el 4 de agosto de 2020, cuando los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, unánimemente,decidieron emitir una orden de arresto domiciliario
preventivo dirigida al senador y ex presidente, amén al riesgo existente de una
manipulación del caso por su parte (El Tiempo, 2020).
Voces de apoyo y rechazo ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia
Como era de esperarse, el pulso mediático derivado es intenso: cualquier decisión, a favor o en contra, hubiese desencadenado todo tipo de reacciones. Desde el anuncio de la apertura del proceso hasta la presente etapa, las opiniones están polarizadas. Sectores políticos de izquierda, de centro y de la Academia son los que, principalmente, apoyan la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia y resaltan la labor del órgano judicial por no ceder ante la presión derivada del caso.
Uno de los defensores es,
por supuesto, el senador Iván Cepeda, acusado en principio de este proceso por
Uribe Vélez, que recalcó: “Hoy quedó demostrado que en una sociedad democrática
el derecho y la justicia están para controlar la arbitrariedad del poder” (Cepeda,
2020).Rodrigo Uprimny, destacado abogado constitucionalista y académico, también aplaudió
la decisión por ser un reflejo de la democracia en un Estado. Uprimny señala que el
Estado de Derecho debe prevalecer, que “no hay Estado de derecho sin
independencia judicial, como lo ha mostrado Venezuela, en donde el colapso
democrático empezó con el asalto chavista a la justicia. La decisión de la
Corte Suprema debe ser respetada” (Uprimny, 2020), y afirma que al senador se
le ha garantizado el debido proceso para que sus derechos no sean vulnerados. Pero,
sobre todo,resalta que sugerir alguna politización de la Alta Corte es falaz, ya
que “este proceso contra el senador Uribe no es un juicio sobre su legado
histórico o sobre si fue o no un buen presidente sino sobre si cometió o no
unos delitos: manipulación de testigos y fraude procesal. Eso es lo que la
Corte analiza” (Uprimny, 2020).
Quienes rechazan la orden preventiva de arresto domiciliario para Uribe Vélez pertenecen a su partido, el Centro Democrático, y a algunos otros partidosde ala derecha, como gran parte del empresariado colombiano, próximos a su postura. Sin embargo, el uribismo ha optado por atacar directamente a la Corte Suprema de Justicia, tildándola de “politizada”, “vendida a los intereses de la izquierda y de las FARC[4]”, no garante del derecho y promueve una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia (idea manifestada previamente[5]), en una clara reproducción de las estrategias comunicativas de su líder.A través de tuits (con hashtags como #UribeLibre o #UribeSoyYo) y convocatorias a manifestaciones públicas en medio de la delicada situación de salud pública por el COVID-19, el uribismo afirma que el senador es víctima de persecución política (aunqueel suyo es el partido de gobierno, que además tiene un porcentaje considerable de curules en ambas cámaras congresales) e insisten en destacarlo como un líder mesiánico[6] que “salvó al país de la guerrilla”. En esta defensa a ultranza de la inocencia de Uribe se unió el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quien publicó en sus canales oficiales: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia” (Duque, 2020), un actoque desafió abiertamente el equilibrio de poderes y que fue rechazado por la Procuraduría General de la Nación, que comunicó que “ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento [sobre las ordenes judiciales]. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el estado de derecho” (Procuraduría General de la Nación, 2020).
Conclusiones
La decisión de la Corte Suprema de Justicia, aunque es preventiva, temporal[7] y no es condenatoriapara Uribe Vélez, es histórica, dado que nunca se había dictado una medida de aseguramiento a un presidente de Colombia (en funciones o posterior a ellas). Adicionalmente, es un espaldarazo al Estado de Derecho, al demostrar que opera una división tácita de los poderes públicos, que se ahondan esfuerzos por la preservación de un equilibrio de poder y que ningún ciudadano está por encima de la ley; por tanto, el deber ser de las instituciones no responde a criterios de mesianismo político.
No obstante, este caso confirma una vez más la escasa cultura política colombiana y las tácticas anacrónicas de los sectores afines al uribismo que, a la manera de la Guerra Fría, persisten en las estrategias de amigo-enemigo, donde el último es el “comunista”, el “mamerto” o el “guerrillero” y el primero está avalado para combatirlo por los medios que vea convenientes. Lo anterior da lugar a una indiscriminada estigmatización de las posturas políticas diversas, contraria a los ideales democráticos promulgados en la Constitución, y a una posible exacerbación de la violencia por fines políticos, muy peligrosa en un país que la ha vivido por más de medio siglo.
Este proceso, que se prevé
de extensa y compleja continuidad, continuará revelando quiénes son los
verdaderos demócratas: aquellos que respetan las
instituciones y sus procedimientos o los que, a través de argumentos falaces, invitan
a la reforma de las instituciones del Estado al acomodo de los intereses
particulares de un sector reducido de la sociedad.
Bibliografía
Álvaro Uribe: de qué se
acusa al expresidente y por qué su arresto domiciliario es histórico en
Colombia. (4 de agosto de 2020). BBC News. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53658947
Cepeda, I. [@IvanCepedaCast].
(4 de agosto de 2020). Hoy quedó demostrado que en una sociedad democrática
el derecho y la justicia están para controlar la arbitrariedad del poder.[Tuit].
Recuperado de https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1290826135933267968
Como Duque se bajó de la
corte única, Uribe la propone en el Congreso. (25 de septiembre de 2018). Semana.
Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-presenta-reforma-a-la-justicia-que-crea-corte-unica/584531
Duque, I. [@IvanDuque]. (4
de agosto de 2020). Soy y seré
siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se
ha ganado un lugar en la historia de Colombia. [Tuit]. Recuperado de https://twitter.com/IvanDuque/status/1290755832330813442
El expresidente Álvaro Uribe
tiene coronavirus. (5 de agosto de 2020). El Colombiano.Recuperado de https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/alvaro-uribe-es-positivo-para-coronavirus-DE13422652
Guerra, M. R.
[@charoguerra]. (5 de agosto de 2020). Los de las Farc no pagaron un solo
día de cárcel y están en el Congreso, pero quien más los combatió recibe una
medida de aseguramiento. Es inaudito. [Tuit]. Recuperado de https://twitter.com/charoguerra/status/1290983478205583361
Lo que debe saber sobre la
casa por cárcel para Álvaro Uribe. (5 de agosto de 2020). El Tiempo. Recuperado
de https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/alvaro-uribe-claves-de-medida-de-aseguramiento-de-corte-suprema-contra-expresidente-526094
Masacres paramilitares de El
Aro y La Granja son de lesa humanidad: Corte Suprema. (1 de junio de 2018). ¡Pacifista!
Recuperado de https://pacifista.tv/notas/masacres-paramilitares-de-el-aro-y-la-granja-son-de-lesa-humanidad-corte-suprema/
Procuraduría General de la
Nación. (5 de agosto de 2020). Funcionarios públicos deben acatar y no
atacar la justicia. [Comunicado público]. Recuperado de https://www.procuraduria.gov.co/portal/Funcionarios-publicos-deben-acatar-y-no-atacar-la-justicia.news
Santiago Uribe, en la hora
del juicio. (18 de enero de 2020). Semana. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/santiago-uribe-en-la-hora-del-juicio-por-caso-los-doce-apostoles/648560
Uprimny, R.
[@RodrigoUprimny]. (5 de agosto de 2020). Realizo 15 consideraciones sobre la detención domiciliaria al
senador Uribe. Recuerdo el sentido de la decisión y los principios constitucionales
en juego. Analizo la decisión misma (según lo que sabemos públicamente) y las
reacciones a la misma. [Hilo
de Twitter]. Recuperado de https://twitter.com/RodrigoUprimny/status/1291140638814199810
Uribe Vélez, A.
[@AlvaroUribeVel]. (7 de julio de 2020). Embrujo neocomunista: Aparecen como demócratas, hablan de
equidad y de transparencia. Lo que hacen es destruir la empresa privada y dejar
a los países sin recursos para la política social. [Tuit]. Recuperado de https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1280487425098297344
Valencia, P. (6 de agosto de 2020). 10 tesis sobre Uribe. Don Tamalio. Recuperado de https://dontamalio.com/10-tesis-sobre-uribe/
[1]
Como las de El Aro y La Granja, ambas ocurridas en los años 90 mientras ejercía
como gobernador del departamento de Antioquia y que fueron declaradas delitos
de lesa humanidad (¡Pacifista!, 2018).
[2]Más
conocidas como “falsos positivos”
[3]
Político de larga trayectoria perteneciente al partido de izquierda Polo
democrático alternativo.
[4]Declaraciones
de varios miembros del Centro Democrático hacen hincapié en esa afirmación,
como la senadora María del Rosario Guerra: “[…] Los de las Farc no pagaron un
solo día de cárcel y están en el Congreso, pero quien más los combatió recibe
una medida de aseguramiento. Es inaudito. […]” (Guerra, 2020).
[5]
El 25 de septiembre de 2018, Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia
radicaron un proyecto de Ley para reformar la rama judicial, donde se incluyó
la propuesta de unificar las altas cortes en una Corte única (Semana, 2018).
[6]La
senadora Paloma Valencia publicó una columna titulada “10 tesis sobre Uribe”,
como untratado en la defensa de su líder. La tercera tesis da fe del mesianismo
que promulga la colectividad a la ciudadanía: “Se me viene a la mente la
historia publicada hace tiempo de un anciano que en sus últimos días en medio
de la demencia desconfiaba hasta de sus propios hijos, y pedía a quien jamás
conoció,: “Uribeeeeeee. ¡Ven a salvarmeeee! Esta gente me quiere envenenar, ¡la
guerrilla me quiere matar!, ¡manda al glorioso ejército nacional por mi!”. En
su delirio confiaba que llegaba a visitarlo y sus angustias se le pasaban.”
(Valencia, 2020)
[7]Máximo por doce meses.
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| Autora: Vanesa Ospina |
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