La educación inclusiva es indispensable para el desarrollo de sociedades
inclusivas, pacíficas y justas (Observación General Nº4
sobre el derecho a la educación inclusiva - Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, 2016)
En el presente texto nos orientamos a explicitar las actuales problemáticas
presentes en este contexto de crisis sanitaria del COVID-19 en lo referido
al acceso y ejercicio del derecho a la educación básica del colectivo de
estudiantes con discapacidad. Asimismo, postulamos algunas estrategias de
solución; considerando que este escenario nos obliga a adaptarnos a nuevas
dinámicas incluso en el servicio educativo y que la escuela es el punto de
partida para la socialización y adquisición de habilidades, por lo que le
corresponde una especial prioridad.
El mes de marzo, en medio de la crisis sanitaria del COVID-19 y frente a
las apremiantes preocupaciones en torno a la educación escolar, el
Ministerio de Educación generó una respuesta rápida con el diseño y
ejecución de la estrategia “Aprendo en casa”. Sin embargo, el despliegue de
esta iniciativa aún presenta falencias para acoger adecuadamente a toda la
comunidad educativa, en especial a las y los estudiantes con discapacidad,
esto es, para cumplir los estándares de una educación inclusiva.
Conforme el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Observación General de Nº4, 2016), los niños y niñas tienen el derecho de
compartir espacios educativos en las mismas aulas, al margen de sus
diferencias. En ese sentido, las principales características de un modelo
inclusivo de educación son: (i) disponibilidad en cantidad de plazas
para los alumnos con discapacidad en cada nivel educativo y calidad
suficientes en sus programas de enseñanza, los Estados deben garantizar esta
disponibilidad; (ii) accesibilidad, en el sistema educativo en su
conjunto, esto implica, física, comunicacional, y económicamente: edificios,
materiales educativos, herramientas de comunicación, planes de estudio,
métodos de enseñanza y evaluación, y apoyos educativos; asimismo el
transporte, los servicios de agua y desagüe, así como los dispositivos,
aplicaciones y programas informáticos de apoyo que los alumnos con
discapacidad puedan necesitar; (iii) aceptabilidad: en forma y fondo
la educación debe ser pertinente para el estudiante, lo que implica
que se deben aceptar las adecuaciones de las instalaciones, bienes y
servicios teniendo plenamente en cuenta las necesidades, culturas, opiniones
y lenguajes del mismo; y (iv) adaptabilidad, la educación debe ser
flexible para adaptarse a las necesidades sociales cambiantes y a los
alumnos en contextos variados, adoptando el principio de diseño universal
para el aprendizaje.
Las características expuestas del modelo social de la educación, deben
estar presentes a lo largo de la vida de las y los estudiantes, siendo
prioridad cumplirlas incluso en contextos adversos como el presente. En esta
línea, pasaremos a exponer las problemáticas en torno al ejercicio de este
derecho y su afectación frente al colectivo de estudiantes con discapacidad
durante la implementación de clases remotas.
Hace un año, a partir del Censo Escolar 2019, el Minedu identificó a
más de 67 mil estudiantes con algún tipo de necesidad educativa
especial, un 14% presenta discapacidad visual, 25% tiene discapacidad auditiva (no
todos ellos son usuarios de lengua de señas) y 52.1%, discapacidad
intelectual; a la fecha, estos alumnos no forman parte de una estrategia
integral que haga posible que sean parte de esta nueva “escuela
virtual”.
Una respuesta que considere seriamente estas cifras incorporaría una
variedad de medidas de accesibilidad en los formatos de “Aprendo en Casa”,
consideraría los graves problemas de acceso a bienes y tecnología que
enfrentan los estudiantes con discapacidad; y apostaría por medidas para
nuestro contexto: en el Perú no todos los estudiantes con discapacidad
auditiva dominan la lengua de señas peruana y los estudiantes con
discapacidad visual aún advierten dificultades para navegar en la plataforma
web.
La falta de un abordaje integral de atención a la
diversidad agudiza la situación de exclusión y discriminación previa a este
contexto de pandemia que traía como consecuencia una amplia brecha educativa
(según la Encuesta Nacional de Discapacidad ENEDIS 2012, 62 de cada 100
personas con discapacidad tienen un nivel de instrucción inferior al
secundario).
Un ejemplo la intensificación de esta situación de exclusión es el
siguiente. En respuesta a una encuesta virtual realizada por la ONG Sociedad
y Discapacidad - SODIS, visualizamos a un conjunto de padres de familia
reportando que colegios privados han optado por restringir la participación
de los estudiantes con discapacidad intelectual de las sesiones virtuales
ante la falta de pagos por el apoyo educativo (maestro sombra). En el caso
del sector público, las familias coinciden en que la comunicación con los
apoyos del Ministerio de Educación —en referencia a los Servicios de
Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas Especiales - SAANEE—
permanece inexistente y que su función de monitorear
el diseño de un plan personalizado al inicio de año no se ha
logrado.
La provisión de apoyos educativos es parte de la obligación de las instituciones que brindan el servicio de educación, y a su vez, un derecho para el colectivo de personas con discapacidad pues, garantiza una educación en igualdad de condiciones. Omitir a los apoyos de esta estrategia no solo contribuye a mermar la calidad educativa, sino que puede conducir a la deserción escolar ante la imposibilidad de las familias de implementar estrategias pedagógicas y didácticas para asegurar aprendizajes significativos.
Por ello, resulta indispensable que el Ministerio de Educación — tomando el ejemplo de las acciones tomadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el acompañamiento de las personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad— conforme una red de apoyos para brindar, en este escenario, acompañamiento pedagógico tanto a los estudiantes con discapacidad como a sus familias, y asimismo, se implemente una plataforma que provea de recursos a los maestros para que su labor pueda atender a la diversidad estudiantil.
Este escenario de emergencia ha demostrado que toda la comunidad estudiantil requiere eventualmente de apoyos y que algunos grupos en situación de vulnerabilidad como los niños y niñas con discapacidad los necesitan en mayor medida. Este momento puede representar una oportunidad para cambiar un paradigma imperante que alberga bajas expectativas sobre la capacidad de rendimiento y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad; pues como se ha evidenciado por otro lado, ha aflorado una capacidad de adaptación de los docentes para ejercer su labor y ser actores activos en el proceso de inclusión educativa.
Es necesario que el Ministerio de Educación como ente rector priorice medidas de atención para este colectivo adoptando una estrategia de intervención inmediata y procurando el involucramiento de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y las personas con discapacidad y sus familias. Solo de esta forma se estará asegurando que la educación virtual no se convierta en otra forma de perpetuar la exclusión de los niños y niñas con discapacidad.
En conclusión afirmamos que el actual contexto nos presenta un gran reto en
materia educativa en el cual se debe trabajar desde los entes rectores para
cortar con la cadena de discriminación y exclusión dominante para el
colectivo de estudiantes con discapacidad. Este es el momento para reparar
en las carencias de la escuela tradicional y sus nulas o poco efectivas
formas de inclusión, y apostar por implementar acciones específicas que
contemplen las características del derecho a la educación inclusiva.
Asimismo, optar por un sistema de apoyos e implementación continua del
diseño universal para el aprendizaje forman parte esencial de un proceso de
transformación en las escuelas. No hay que perder de vista que el objetivo
de plantear un modelo educativo basado en la inclusión pasa por valorar la
diversidad y promover la igualdad de oportunidades necesarias para el
desarrollo de sociedades inclusivas pacíficas y justas .
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Autora: Mariana Burgos |
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